Una empresa minera canadiense se prepara para explotar las enormes reservas de oro de Calcídica sin que el Estado reciba beneficio porque renunció al canon.
Mariangela Paone
Ierissos
27 ENE 2013
“Ahí, ¿lo ves?, ahí es donde quieren hacer el agujero”. Lazaros
Toskas apunta con el dedo hacia la cima de la montaña. En medio de
bosques de robles, hayas y pinares surgirá el open pit —como
han aprendido a llamarlo los vecinos—, la gran excavación que una
empresa minera, Hellas Gold, planea para extraer el tesoro que se
esconde en las tripas del monte Kakavos, en Skouries. Desde hace
milenios se conoce la riqueza de este rincón de Calcídica, en el norte
de Grecia: cobre, plata, plomo, zinc y, sobre todo, oro, que ha
cuadruplicado su valor en los últimos 10 años. Solo en Skouries, las
reservas se estiman en 3,6 millones de onzas, más de 100 toneladas. Pero
donde algunos ven negocios y oportunidad de trabajo en una tierra
cercada por el desempleo, otros temen la destrucción de un ecosistema en
favor de un desarrollismo, empujado por la crisis económica, del que no
se fían.
Toskas es un ingeniero civil de 54 años. Vive en Megali Panagía, el
pueblo más cercano a la explotación de Skouries. Es uno de los líderes
del movimiento que se opone al proyecto y que en los últimos meses ha
protagonizado varias acciones de protesta. El ingeniero muestra los
trabajos que ya se han hecho para el drenaje del agua: “Tienen que
vaciar la montaña para poder construir las galerías”. Bajo el open pit,
que llegará hasta 250 metros de profundidad, luego se abrirán los
túneles hasta llegar a 700 metros de profundidad. La población teme por
los recursos hídricos de la zona. “En la tierra hay muchos minerales y,
entre ellos, arsénico en porcentajes altos... No sabemos qué puede
pasar”, comenta Toskas. En las conversaciones con los que se oponen al
proyecto, el arsénico se nombra a menudo. Dicen que el proceso que la
empresa quiere utilizar para extraer el oro —llamado flash smelting—
no es factible en un sitio con altas concentraciones de arsénico.
Eduardo Moura, vicepresidente de Eldorado Gold (el coloso canadiense de
la minería, propietario del 95% de Hellas Gold), responde, por correo
electrónico, que la empresa opera en estricta observancia de la
regulación medioambiental europea y griega y que el “estudio de impacto
ambiental para las minas de Calcídica ha necesitado cinco años para ser
preparado, revisado y aprobado por el Estado griego”. En cuanto al
proceso de producción, la compañía dice haber efectuado “pruebas para
determinar que puede usarse con éxito”.
“No estoy a favor ni en contra. Pero me gustaría que el trabajo
llegase de otras alternativas”, dice el propietario de una joyería en
Ierissos, centro turístico de Calcídica convertido en cuartel general de
la protesta contra la mina. El joyero resume las preocupaciones de la
gente, también de aquellos que, como él, no han participado en las
movilizaciones. “El agua que bebemos viene del monte. Si se contamina,
¿qué hacemos?”, dice. Luego está el turismo: “¿Usted cree que alguien
vendría si supiera que a pocos kilómetros hay una mina?”. Asegura
entender la preocupación de los desempleados, la principal línea de
división entre quienes están a favor y quienes rechazan el proyecto. De
hecho, la empresa emplea ya a 1.100 trabajadores. “Nuestras operaciones
crearán más de 5.000 empleos directos e indirectos”, explica Moura.
Muchos creen, sin embargo, que los beneficios no compensan los
riesgos, y desconfían de las informaciones oficiales. Y para explicar
las razones de la desconfianza apuntan a cómo el Estado malvendió los
derechos de explotación del proyecto minero, en una región, el norte de
Grecia, que atesora metales por valor de unos 20.000 millones de euros.
En diciembre de 2003, el Gobierno griego se hizo con el control de la
mina tras un acuerdo extrajudicial con TVX Hellas, la antigua
propietaria, que dio por cerrado el proyecto tras las protestas de la
población local. El Estado la compró por 11 millones de euros y el mismo
día la vendió por la misma cifra a Hellas Gold, fundada tres días
antes, cediendo todos los derechos de explotación. Poco después, el 95%
de las acciones de la compañía fueron adquiridas por la canadiense
European Goldfields (EG). En una auditoría, el valor de mercado de la
sociedad se estimaba entonces en unos 400 millones de euros. En 2012 EG
fue relevada por Eldorado.
La empresa defiende el proyecto y alega que “tiene todos los permisos
medioambientales necesarios”. Pero los grupos que se oponen a la mina
han recurrido ante el Consejo de Estado griego el estudio de impacto
ambiental y aún se espera la decisión definitiva. Mientras tanto, el
organismo autorizó a mediados de 2012 a la compañía a continuar la
operación de limpieza del terreno y tala de árboles, contestadas por los
opositores. “Es cierto que tienen los permisos ambientales, pero no es
suficiente para seguir con el proyecto. Aún necesitan autorizaciones
técnicas. No pueden empezar a construir la central de producción, ni el
vertedero de los residuos. Lo que pueden hacer es cortar foresta…”, dice
María Kadoglu, una de los miembros más activos del movimiento antimina.
“Aquí entre 1947 y 1949 se combatieron importantes batallas de la
guerra civil”, cuenta Yorgos Tarazas, desempleado que ha estado en
primera línea en las protestas contra el proyecto. Algunas han acabado
con violentos enfrentamientos con la policía. Una vez, el pasado verano,
tras una batalla campal en el monte, los antidisturbios bajaron al
centro de Ierissos, cargaron y utilizaron gases lacrimógenos. “Algunos
solo habíamos visto a los antidisturbios en televisión”, dice Tarazas.
La UE censuró la compraventa
El contrato con el que el Estado griego vendió los derechos de
explotación de la zona minera de Skouries, renunciando al canon por la
concesión, fue investigado en 2008 por la Comisión Europea, que tres
años después dictó que se trataba de ayuda de Estado que incumplía la
normativa europea de competencia. La sociedad compradora, Hellas Gold,
fundada tres días antes, estaba controlada por el grupo Aktor (que
actualmente mantiene el 5% de las acciones), coloso de la construcción,
adjudicatario de la mayoría de los proyectos para los Juegos Olímpicos
de 2004 y perteneciente a la familia Bobolas, una de las más influyentes
en la economía helena, propietaria, entre otras cosas, de la principal
cadena privada de televisión, Mega Tv.
Para la Comisión Europea, aquel contrato, cerrado sin licitación
pública, malvendía la mina y por eso ordenó a la empresa el pago de 15
millones de euros en compensaciones al Estado que, de todas formas,
había avalado la compraventa. Negoció el contrato el entonces
viceministro de Economía, Christos Pachtas, que poco después dimitió
tras conocerse que había facilitado el cambio de una ley para la
construcción de un gran complejo turístico en la región. Pachtas, que ha
sido elegido presidente de la municipalidad en la que recae la zona
minera, es uno de los grandes sostenedores del proyecto.
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