Los trabajadores del metro ateniense suspenden un movimiento de nueve días ante la amenaza del Ejecutivo de enviarlos a prisión
25 ENERO 2013 EL PAIS. MARIANGELA PAONE
Los trabajadores del metro de Atenas no tenían alternativas este
viernes: o suspendían la huelga que había llegado al noveno día o se
arriesgaban a ser despedidos o encarcelados. La decisión aprobada el
jueves por el Gobierno conservador de Antonis Samarás de imponer la movilización forzosa de los empleados
surtió su efecto. Finalmente, ya a media tarde, los trenes volvieron a
andar. Demasiado tarde para evitar el caos del tráfico que ha atascado
durante una semana todas las principales arterias de la ciudad, pero a
tiempo para permitir a los atenienses de recobrar aliento después de
días pasados a esperar autobuses sobrecargados o taxis, que tras meses
pasados a dar vueltas en balde por la falta de escasez de clientes, no
daban abasto.
En torno al metro de Atenas, uno de los pocos buenos legados del
esplendor de los Juegos Olímpicos de 2004, se está librando la enésima
batalla contra las medidas de austeridad. Y la suspensión de la huelga
de este viernes es sólo una tregua. Los empleados del metro quieren que
el Ejecutivo rectifique sobre la aplicación a su gremio del contrato
único para los trabajadores de los servicios públicos que supondría una
rebaja del 20% de su salario.
“Mañana [el sábado] tenemos una reunión entre todos los
representantes sindicales de los transportes públicos y el sábado no
habrá huelga pero para el domingo no podemos garantizar”, asegura a este
diario Antonis Stamatopulos, presidente del sindicato de los
trabajadores del metro SELMA. “Entendemos a las personas que quieren ir
al trabajo o a los mayores que tienen que ir al médico pero también
estamos luchando para ellos. Hasta personas desempleadas ha venido a
Sepolia para apoyarnos”. Sepolia es el depósito donde esta madrugada los
antidisturbios entraron para desalojar a los empleados que se habían
encerrado y se oponían a poner fin a la huelga. Hubo tres detenidos
entre los manifestantes que fueron liberados tres horas después.
Nueve días de huelga consecutivos del metro son un duro golpe para
cualquier ciudad. Pero en Atenas se han convertido en una triple prueba
de resistencia. Para los ciudadanos, que tras los nuevos recortes
salariales y las subidas de impuestos aprobadas a principios del mes,
aguantaron el parón del servicio en el que viajan cada día 700.000
pasajeros. Para los trabajadores, que mantuvieron la protesta a pesar de
que un tribunal ateniense la declarara ilegal el pasado lunes. Y sobre
todo para el Gobierno, que se enfrenta a la mayor huelga desde que fue
elegido el pasado junio. El mensaje que mandó el jueves el primer
ministro Samarás es que el Gobierno no puede ceder a las peticiones del
colectivo. “El pueblo griego ha hecho grandes sacrificios y no puedo
permitir excepciones”, dijo Samarás. “Todos tienen que entender que no
podemos repetir los errores del pasado”, añadió, refiriéndose a los
privilegios otorgados a algunas categorías del sector público.
Una situación que durante años fue alentada por todos los partidos,
como recuerda el director adjunto de la versión inglesa del diario Kathimerini,
Nick Malkutzis. “Los políticos están pagando el precio de haber usado
el servicio público como un club privado al que aportar más socios
cuando se quería. Está bien documentado cómo el metro vio crecer el
número de sus empleados, a menudo en circunstancias no transparentes,
durante el Gobierno de Nueva Democracia
[el partido de Samarás] entre 2004 y 2009”, escribe Malkutzis en un
análisis publicado este viernes. Aun así, considera que el convenio
unificado para el sector público “es una de las medidas más justas”
entre las que se acordaron con la troika tras el rescate financiero del
país. Según Kathimerini, el promedio de los salarios de los
trabajadores del metro es de 2.500 euros brutos y bajaría a unos 2.000
tras el nuevo recorte.
Pero los sindicatos defienden que la rebaja supone un nuevo
sacrificio porque esto, dicen, no es lo que gana la mayoría. “El sueldo
es de 1.200 euros. Con los recortes bajaría a 700”, dice Stamatopulos.
El sindicato ha recurrido ante el Consejo de Estado la orden de
movilización forzosa, una medida de excepción que se ha aplicado solo
nueve veces desde el final de la dictadura militar en 1974. Los
trabajadores alegan que es contraria a la Convención Europea de Derechos
Humanos y a la Constitución. “Si perdemos esta batalla estamos
perdidos. Estamos determinados a hacer todo para resistir”, dice el
sindicalista.
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